Los muertos de Milei

La administración del presidente Javier Milei ha materializado su proclamada estrategia de reducir el Estado a mínimos históricos, una visión que el propio mandatario resumió al autodenominarse “el topo que viene a destruir el Estado desde adentro”. Esta orientación, justificada sistemáticamente bajo el argumento de que “no hay plata”, ha derivado en un desmantelamiento progresivo de servicios esenciales con consecuencias humanas tangibles. En el ámbito sanitario, el desfinanciamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos ha dejado sin opioides vitales como morfina y metadona a miles de pacientes, reduciendo su equipo especializado de ocho a dos profesionales. La Dra. Mariana Pechenik sintetizó el drama: “la atención paliativa argentina está de luto”, anticipando el aumento de personas sin alivio para dolores graves. Paralelamente, el cierre de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que proveía medicación oncológica gratuita, ha sido vinculado por la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) con al menos sesenta fallecimientos el año pasado. La angustia se refleja en testimonios como el de un joven de 20 años con hemoglobinuria paroxística nocturna, quien ya no recibe su tratamiento mensual. Esta crisis obliga a oncólogos a aplicar tratamientos incompletos.

Los adultos mayores enfrentan un deterioro acelerado de sus condiciones de vida. El veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria implica ingresos entre 7,2% y 16,5% inferiores al valor requerido, dejando a quienes perciben la mínima con $61.951 menos mensuales, pérdida que supera la inflación estimada. Horacio, un jubilado de 87 años, expresa la indignación colectiva al contrastar prioridades: “cada pomo de esos [gas pimienta] son 25 jubilados sin aumento”, refiriéndose a los $227.000 que cuesta cada unidad frente a los $234.000 de una jubilación mínima. Esta política profundiza una caída histórica del poder adquisitivo, que bajo la norma anterior –declarada inconstitucional– alcanzó el 50,3%. El gobierno defiende su decisión como necesaria para el “equilibrio fiscal”, pese a que la ley vetada solo cubría un cuarto de sus costos con fuentes específicas.

La infraestructura vial evidencia otro frente crítico. Intendentes bonaerenses denuncian “abandono” en rutas nacionales clave (3, 5 y 7), administradas por Corredores Viales, correlacionando el deterioro con una “escalada de accidentes fatales”. Ejemplos recientes incluyen cuatro muertos en la Ruta 7 cerca de Carmen de Areco y doce vehículos colisionados en la Ruta 5 a la altura de Chivilcoy, sumándose a once fallecidos en tres días en rutas de Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz. El gobernador Axel Kicillof señaló que “el estado de las rutas nacionales, la obra pública cero… generan accidentes permanentes”, mientras Alberto Weretilneck, mandatario rionegrino, sentenció: “La desidia mata”. Esta realidad se enmarca en la paralización de 2.117 proyectos de obra pública –una caída del 87,6%–, cumpliendo la promesa de Milei de que “no va a haber obra pública porque no hay plata”. Municipios asumen ahora el mantenimiento vial sin compensación, tensionando sus finanzas y generando desigualdades territoriales.

La retirada estatal, presentada como austeridad, reconfigura así derechos fundamentales. La propuesta de trasladar el sistema de salud hacia un modelo basado en “iniciativa privada a la chilena” –anunciada por el ministro Mario Lugones tras reunirse con Robert F. Kennedy Jr.– y la financiarización de la obra pública transforman bienes colectivos en mercancías sujetas a rentabilidad. Las consecuencias exceden lo sectorial: muertes evitables, desprotección crónica y fractura del contrato social invitan a interrogar qué concepción de Estado emerge cuando el equilibrio fiscal se construye sobre el desamparo ciudadano.