Milei veta y consuma un ajuste inmoral

El presidente Javier Milei firmó este sábado el veto total a las leyes de aumento jubilatorio y emergencia en discapacidad, sancionadas por el Senado a principios de julio. La decisión, confirmada por fuentes oficiales, se formalizará el lunes mediante su publicación en el Boletín Oficial. La norma rechazada establecía un incremento real del 7,2% en haberes, elevaba el bono de $70.000 a $110.000 con ajuste inflacionario, y restituía por dos años la moratoria previsional. La medida, justificada por el Ejecutivo como defensa del superávit fiscal, afectará directamente a más de siete millones de jubilados, según estimaciones de legisladores opositores, quienes califican la decisión como “profundamente inmoral” y “cobarde” en un contexto de pérdida de ingresos por recortes tributarios.

En paralelo al anuncio, el gobierno despliega una intensa operación política para sostener los vetos en Diputados. Guillermo Francos, Lisandro Catalán y los hermanos Martín y Eduardo Menem lideran negociaciones con siete gobernadores –entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza)– ofreciendo repartos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y coordinación electoral para octubre. Esta estrategia ya rindió frutos con la incorporación de cinco diputados radicales (Picat, Cervi, Tournier, Monti y Campero) al bloque oficialista. No obstante, la cohesión es frágil: un gobernador aseguró que “nadie nos hizo ninguna propuesta”, mientras el PRO mantiene posturas no unificadas. “No está conversado en el interior del bloque […] muchos diputados no están en Buenos Aires”, admitió una fuente parlamentaria.

El Fondo Monetario Internacional respalda abiertamente la medida. En su último informe, el organismo estima que las leyes vetadas representaban un gasto adicional del 1,5% del PBI y elogia la decisión de Milei como protección del “ancla hacia el futuro”, pese a reconocer el escenario de “tensión política e institucional”. La Casa Rosada, sin embargo, mantiene flexibilidad táctica en otros frentes: aunque rechaza modificar el impuesto a los combustibles, evalúa ajustes puntuales en el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y diálogos bilaterales sobre deudas provinciales.

Críticos señalan la contradicción entre la prioridad fiscal y los acuerdos políticos costosos. Mientras el gobierno anuncia los vetos, la ministra Patricia Bullrich ordena operativos represivos en el Congreso, alimentando narrativas sobre un “modelo de ajuste y miseria que solo se sostiene con represión”. La promesa oficial de presentar una reforma previsional antes de 2026 –que “simplificaría el sistema” según el FMI– no mitiga el malestar inmediato: la eliminación de la moratoria y la emergencia en discapacidad profundizan el desamparo en sectores vulnerables, consolidando lo que opositores describen como una política de “nada para el pueblo, todo para los amigos del gobierno”.