En las últimas horas, el Gobierno nacional desplazó a Miguel Blanco, quien hasta ayer mismo era el titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo que se ocupa del control interno del Poder Ejecutivo. Blanco se desempeñaba en el cargo desde diciembre de 2023 de la mano del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Según trascendió, el funcionario no pertenecía al núcleo duro libertario pero aún no se detallaron los motivos de su despido o sobre quién será su reemplazo.
Lo cierto es que el desplazamiento de Blanco ocurre en medio de un escándalo que generó profundo malestar en Casa Rosada: los negocios millonarios de la empresa Tech Security SRL, propiedad de los hermanos Menem -entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem- con el Estado. En las últimas horas se develó una comprometedora situación de conflicto de intereses existente en el seno de su emprendimiento privado: en lo que va del Gobierno de Javier Milei, el legislador libertario obtuvo $6.500 millones en licitaciones del Banco Nación, el Hospital Favaloro y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).
En 2002 Martín Menem creó la empresa Tech Security SRL, junto a sus hermanos Fernando y Eduardo, y desde entonces la compañía tuvo una prolongada trayectoria como adjudicataria de contraros y licitaciones del Estado nacional. Sin embargo, como funcionario público y cuarto en la línea sucesoria del Poder Ejecutivo por el lugar que ocupa en la Cárama de Diputados, el legislador debería haber cortado de cuajo los negocios con el Estado. Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario.
Este medio reveló que el 4 de julio pasado, Tech Security ganó una impactante licitación por $3.933.026.608 de parte del Banco Nación para prestar “seguridad privada a los establecimientos de Casa Central, Centro de Procesamiento Paralelo, Edificio Maipú, Edificio de Funcionarios y Aeroparque Internacional Jorge Newbery”. Además de la exorbitante cifra, la contratación también es llamativa por su extensión de 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros dos años. Lejos de ser el único caso, el 2 de julio de 2024, Tech Security ganó una licitación por $30.835.200 para hacerse cargo de la seguridad de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), un organismo autárquico bajo el ala del Ministerio de Capital Humano. Meses después, el 11 de diciembre de 2024, la empresa de los hermanos Menem se hizo de una licitación de $1.312.819.200 del Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro, un centro médico dependiente del Estado Nacional.
Cabe señalar que cuatro días antes de su juramento como diputado nacional, Martín Menem cedió la porción accionaria que poseía en Tech Security. Sin embargo, la empresa quedó a nombre de sus hermanos Fernando y Eduardo y de su socio de larga data Pablo Ariel Vázquez. Además, el legislador firmó la transferencia de sus activos el 6 de diciembre de 2023 pero fue publicada recién en febrero del año siguiente y la compañía sigue apareciendo en su última declaración jurada.
En medio de ese escándalo, Casa Rosada optó por el silencio. Sin embargo, 24 horas después de destapado el escándalo, la administración libertaria removió a Miguel Blanco del organismo que se encarga de dictar y aplicar normas de control interno del Poder Ejecutivo, y supervisar su cumplimiento, especialmente todo aquello relacionado con la auditoría interna gubernamental. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que será reemplazado por Alejandro Díaz, gerente de Auditoría Interna de Nucleoeléctrica Argentina S.A. Adorni camufló la expulsión afirmando: “Miguel Blanco decidió renunciar como titular de la Sindicatura General de la Nación”, y agregó que “su lugar será ocupado por el contador Alejandro Fabián Díaz quien cuenta con una gran experiencia”. Ante preguntas sobre los motivos, evadió: “Renunció por motivos personales por lo cual las razones del cambio son esas y no hay mucho más para explicar”.
Blanco, quien tenía principalmente a cargo las auditorías en las universidades públicas -blanco recurrente del gobierno libertario-, generó polémica en 2024 cuando se quejó por cobrar 3,2 millones de pesos por mes por su cargo, en medio de la polémica por el desfinanciamiento de las casas de estudio públicas. “La inflación nos afectó a todos, en mi caso particular yo tengo congelado desde el mes de diciembre, sin embargo estoy haciendo un servicio, que creo que tengo que hacer a esta altura de mi vida. Tengo ahorros y los estoy usando todos los meses, porque no me alcanza, estoy aportando todos los meses parte de mis ahorros para llevar adelante esto, porque lo que cobro en el Estado no me alcanza“, había afirmado Blanco en diálogo con El Destape 1070.
