Una jueza federal de Nueva York ordenó este lunes al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park como forma de pago parcial de la sentencia por la nacionalización de 2012, que asciende a US$16.100 millones. La decisión judicial responde al reclamo de los acreedores ante la falta de cumplimiento del pago establecido en 2023, cuando se emitió el fallo en su contra en primera instancia. El gobierno de Javier Milei anunció inmediatamente que apelará la medida ante un tribunal superior estadounidense, aunque registra un antecedente problemático: en enero de 2024, según el análisis del asesor Sebastián Maril, la administración actual omitió presentar las garantías requeridas para sostener una apelación interpuesta previamente por el gobierno de Alberto Fernández. Esta omisión habilitó legalmente a los fondos a solicitar el embargo de activos argentinos, incluyendo la participación estatal en la petrolera.
LA ENTREGA AVANZA
— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 30, 2025
Una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable Juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino —¡soberano!— entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Se…
La respuesta política no se hizo esperar. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó el fallo como “un disparate jurídico” y una “intolerable intromisión sobre nuestra soberanía” en un comunicado en redes sociales. Dirigiéndose al presidente Milei, acusó: “Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales”. Kicillof vinculó la decisión judicial con la actitud gubernamental, señalando la coincidencia con los frecuentes viajes de Milei a Estados Unidos y su reciente aparición en un streaming “disfrazado con un mameluco de la empresa que quiere entregar”. Además, recordó que la expropiación de 2012 —respaldada entonces por amplio consenso legislativo— permitió recuperar la inversión en Vaca Muerta, hoy responsable del 78% de las exportaciones argentinas de crudo, que alcanzaron 245.000 barriles diarios en 2025.
Yo diría que si querés apelar o pedir un stay dejes de decir boludeces porque le estás dando la razón a los buitres. Salvo que hayas acordado con Trump entregar YPF/Vaca Muerta. https://t.co/9a8eOwTHdG
— Hernán Letcher (@hernanletcher) June 30, 2025
El litigio tiene raíces complejas. Tras la estatización del 51% que poseía Repsol (indemnizada en 2014), la disputa actual gira en torno al 25% perteneciente al Grupo Petersen de la familia Eskenazi. Este paquete accionario, adquirido en 2007 mediante un polémico financiamiento con futuras ganancias de YPF, quedó incobrable cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner suspendió dividendos en 2012. Los fondos buitres adquirieron luego los derechos litigiosos basándose en una cláusula estatutaria que activaba compensaciones si se vendía más del 1% de la empresa. La defensa argentina enfrenta además cuestionamientos por posibles conflictos de intereses: el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, fue socio del abogado Alberto Bianchi, quien asesoró a Burford Capital en este mismo caso.
Mientras el gobierno insiste en apelar, los datos económicos subrayan el valor estratégico de YPF. En marzo de 2025, Vaca Muerta alcanzó un récord histórico de 447.000 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 26%, consolidando a Argentina como exportador neto de energía. Esta capacidad, inexistente antes de 2012, sustenta no solo el autoabastecimiento ante una demanda industrial creciente, sino también un superávit comercial clave. Kicillof, quien ofrecerá una conferencia de prensa este martes, sintetizó la postura opositora: “Frente a esta nueva agresión de los buitres, que cuenta ahora con la complicidad del ‘topo en la Casa Rosada’, respondemos: YPF no se vende”.
