Lo que fuera la gestión de Gustavo Posse en San Isidro enfrenta nuevas y graves acusaciones de corrupción que se suman a escándalos previos, dibujando un patrón de presuntas irregularidades. Carlos Barboza, un ex empleado municipal con 26 años de servicio, denunció formalmente ante el Concejo Deliberante local una compleja trama de “asociación ilícita” operada durante el mandato del exintendente radical. Según su testimonio, descubierta en 2016 y a la que accedió LPO, funcionarios e inspectores del depósito fiscal simulaban robos de vehículos particulares para estafar a aseguradoras, ocultando los automóviles en instalaciones municipales. Barboza detalló que, frecuentemente, esos vehículos eran desmantelados para traficar autopartes o incendiados de manera deliberada.
El núcleo de la denuncia apunta directamente a Walter Pérez, actual concejal y mano derecha política de Posse, quien en esa época se desempeñaba como secretario de Tránsito, Urbanismo e Inspección General. Barboza afirmó haber elevado múltiples alertas: “Todo esto lo descubrí y elevé a quien era mi superior. Lo hice en tres ocasiones y no tuve respuesta. Terminé elevándoselo a Walter Pérez. Lo hice en cuatro ocasiones”. Sin embargo, lejos de investigarse, el denunciante sufrió represalias sistemáticas: “La denuncia no sólo no avanzó, sino que comencé a sufrir represalias: me descendieron, me cambiaron de dependencia, me quitaron parte del salario”. Estas acciones derivaron en una drástica reducción de sus ingresos —”Pasé a cobrar un 30% de lo que percibía”—, afectando sus aportes previsionales y, por ende, su actual jubilación, además de agresiones físicas y amenazas. A pesar del miedo, logró judicializar el caso.
Esta revelación se conecta con otro episodio emblemático de la anterior administración: el abandono de diez patrulleros nuevos, adquiridos en 2021 con fondos específicos pero ocultados en un galpón durante años. Pérez, involucrado ahora en la nueva denuncia, había justificado aquella inacción argumentando que “sobraban” por falta de efectivos: “Nosotros no los habíamos puesto en funcionamiento porque no teníamos policías”. Esta explicación fue rechazada con dureza por el actual oficialismo local y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien durante la reactivación de las unidades bajo la gestión de Ramón Lanús, las calificó como “la mejor imagen de una política que no piensa en los vecinos”. Alonso reprochó a Posse: “Estos patrulleros vieron la luz después de tres años de estar escondidos y esto habla de una forma de la política que debemos dejar atrás: llenarse la boca hablando de la seguridad y tener escondidos 10 patrulleros en un galpón”. Los móviles, finalmente puestos a punto y cedidos a la Policía provincial, reforzarán la lucha contra el delito en zonas críticas como La Cava.
Barboza, cuya vida familiar y económica quedó severamente dañada, reclama justicia y reparación: la revisión de su legajo, el reconocimiento de las categorías laborales suprimidas, el recálculo de su haber jubilatorio y una compensación por los perjuicios. Su caso expone no solo presuntos actos ilícitos en el pasado, sino también el costo humano de un sistema que, según las acusaciones, castigó la integridad y premió la opacidad.
