El presidente Javier Milei vetó este martes la Ley de Emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales mediante el decreto 424/2025, firmado junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La norma, sancionada el 4 de junio con amplio respaldo parlamentario (153 votos afirmativos y 32 negativos), creaba un fondo especial de $200.000 millones para asistir a los damnificados por las inundaciones de marzo y financiar la reconstrucción de infraestructura. La decisión ejecutiva anula además los subsidios económicos para quienes perdieron sus ingresos, las líneas de crédito preferenciales y el plazo de gracia de 180 días para obligaciones financieras que establecía la legislación.
En los fundamentos del veto, publicados en el Boletín Oficial, el gobierno argumentó que ya había atendido la emergencia mediante el decreto 238/2025 del 1° de abril, que creó el “Suplemento Único para la Reconstrucción” (SUR) con igual monto. Según cifras oficiales, 32.076 de las 37.546 personas inscritas ya recibieron este beneficio. También señalaron que la ley carecía de “fuente de financiamiento explícita”, incumpliendo la Ley de Administración Financiera 24.156: “No indica cuál ha de ser la fuente para hacer frente a las erogaciones que dispone”, alegaron, patrón argumental idéntico al empleado en vetos anteriores a leyes sociales. Adicionalmente, cuestionaron la inclusión de Coronel Rosales, afirmando que “no quedó dentro de los informes técnicos” del Servicio Meteorológico Nacional.
La tragedia que motivó la norma ocurrió el 7 de marzo, cuando un temporal sin precedentes descargó 290 milímetros en menos de 24 horas sobre Bahía Blanca, acumulando 320 mm en la primera década del mes. El gobierno nacional había declarado entonces duelo nacional por tres días, reconociendo que el fenómeno provocó “el fallecimiento y desaparición de numerosas personas”. La ley vetada, además de asistencia económica inmediata, ordenaba obras de infraestructura con “recursos humanos y materiales de las zonas afectadas”. El Ejecutivo sostuvo que su propio decreto “torna innecesario” la ayuda legislativa y mencionó un préstamo del BID como alternativa, aunque sin detallar montos ni plazos. La norma vuelve ahora al Congreso, que podría reafirmarla con una mayoría calificada de dos tercios.