La ministra de Seguridad Patricia Bullrich había reasignado 160 viviendas del programa Procrear en Avellaneda, originalmente adjudicadas a familias locales, para destinarlas a efectivos de fuerzas federales. La decisión, respaldada por Milei —que eliminó el programa en junio—, desencadenó una ola de protestas y acciones legales. Según el portal de noticias LPO, los beneficiarios despojados, apoyados por la Municipalidad de Avellaneda, preparan demandas colectivas contra la medida.
Las unidades, con un 98% de avance según dirigentes locales, fueron adjudicadas en noviembre de 2023 tras un riguroso proceso: 500 familias preinscriptas demostraron carecer de vivienda propia y capacidad de pago, reduciéndose a 160 tras sorteos. Los adjudicatarios esperaban mudarse en enero, pero el Banco Hipotecario suspendió el proceso “por orden del Gobierno”, según el defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García. Este calificó el hecho de “estafa”, señalando que “es gente que tuvo que salir a buscar otra vivienda, pensando que ya tenían una”.
Bullrich aceleró la entrega a policías la semana pasada, ignorando reclamos municipales y beneficiarios. Durante el acto, un cordón de seguridad impidió el acceso a García y a familias que protestaban. El defensor cuestionó la legalidad del procedimiento: “¿Cuál fue el criterio para dárselas si ya estaban adjudicadas? ¿Cómo las pagarán? Sé que se las dieron sin pagar”. Ya se presentaron oficios judiciales al Banco Hipotecario y los ministerios de Seguridad y Economía; de no obtener respuestas, avanzarán con demandas. Al menos 40 afectados iniciarán acciones legales esta semana, mientras 25 familias policiales ocupan las unidades.
