CFK: prisión domiciliaria y el intento de humillación con la tobillera electrónica

La expresidenta de la Nación y presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, inició formalmente su condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento del barrio Constitución, tras la confirmación de la sentencia por la Corte Suprema en el caso Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 notificó la decisión un día antes del vencimiento del plazo, evitando su traslado físico a Comodoro Py. La medida judicial incluye la colocación obligatoria de un “dispositivo de vigilancia electrónico” —interpretado como tobillera— a pesar de los argumentos de la defensa que lo consideraban redundante dada la custodia policial permanente. Las condiciones impuestas exigen a Kirchner “permanecer en el domicilio fijado” salvo fuerza mayor, “abstenerse de adoptar comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario” —cláusula que genera ambigüedad sobre su aparición en el balcón— y presentar en 48 horas una nómina restringida de visitantes autorizados (familiares, abogados, médicos y custodias), requiriendo permiso judicial para cualquier otro acceso .

La resolución judicial, fundamentada en la edad de Kirchner (72 años) y el “riesgo concreto para su vida” tras el intento de magnicidio de 2022, reconoce que el Estado no puede exponerla a “violencia intramuros ni a un aislamiento que constituya trato cruel o inhumano”. No obstante, el tribunal enfatizó que “ser expresidenta no le otorga prerrogativas ni inmunidades especiales”, advirtiendo que el incumplimiento de las reglas podría revocar el beneficio. Esta notificación anticipada desactivó la movilización planificada originalmente hacia Comodoro Py, reorientando la protesta peronista hacia una “marcha histórica” a Plaza de Mayo bajo la consigna “Argentina con Cristina”. Dirigentes como el senador Eduardo de Pedro confirmaron que el objetivo sería “exigir su libertad” y denunciar la “proscripción política”, evocando simbólicamente el bombardeo del 16 de junio de 1955 contra Perón.

La fractura al interior del movimiento sindical quedó en evidencia con la respuesta a la convocatoria. Mientras la CGT otorgó “libertad de acción” a los gremios sin sumarse orgánicamente, figuras como Pablo Moyano —quien recientemente renunció a la central obrera— apoyaron la movilización. La Confederación emitió un comunicado titulado “La democracia está en peligro”, respaldando a Kirchner pero reflejando tensiones internas, especialmente entre el sector dialoguista y el kirchnerismo. En paralelo, organizaciones sociales como la UTEP, liderada por Juan Grabois, ratificaron su participación: “Mañana movilizamos sí o sí; no se suspende por nada”. Esta división contrasta con la unidad mostrada en cortes de ruta previos durante la espera del fallo de la Corte, cuando delegados de SMATA, bancarios y otros gremios bloquearon accesos clave del Área Metropolitana.

En las inmediaciones del edificio de San José 1111, la militancia transformó el espacio en un altar de adhesión al kirchnerismo. Decenas de simpatizantes mantuvieron una vigilia con bombos y cánticos frente al departamento, cubriendo las paredes con mensajes como “Gracias al Progres.ar pude ser la primera de mi familia en estudiar” o “Te proscriben porque no te vencen”. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó a Kirchner y calificó la condena como “ilegal”, lamentando la prohibición tácita de los saludos desde el balcón. Simultáneamente, operaciones digitales anónimas alteraron Google Maps, rebautizando la dirección como “La Karcel” o “Casa de la chorra condenada”, reflejando la polarización social alrededor del caso .

El gobierno nacional respondió ampliando facultades policiales mediante un decreto que autoriza arrestos, requisas y vigilancia digital sin orden judicial, medida denunciada por la ONG Correpi como “destrucción de libertades democráticas”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó las protestas calificándolas como un posible “show permanente”. Gregorio Dalbón, abogado de Kirchner, declaró que la prisión domiciliaria es “una victoria del pueblo” pero insistió en su inocencia: “La verdadera justicia llegará cuando esta sentencia sea anulada”. Mientras tanto, la senadora María Teresa García alertó sobre riesgos represivos: “Aconsejaría que tengan cuidado con lo que van a hacer”, advirtiendo al gobierno.