10 Jun 2025

Proscripción

La Corte Suprema confirmó este martes la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, fallo que implica seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, impidiéndole ser candidata en próximas elecciones. Ya hay cortes de rutas.
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Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ratificaron por unanimidad el veredicto del Tribunal Oral Federal 2, desestimando los recursos de la defensa bajo el argumento de que “el debido proceso ha sido salvaguardado”. La decisión judicial, calificada histórica por medios opositores, desencadenó inmediatas movilizaciones de apoyo en la sede del PJ y cortes en rutas, mientras la expresidenta reaccionó desde el partido declarando que los jueces “son tres monigotes que responden a mandos naturales superiores”.

Gregorio Dalbón, abogado defensora de Fernández de Kirchner, emitió un contundente comunicado denunciando “una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde el regreso de la democracia”. Según su análisis jurídico, “no existe ningún acto típico, antijurídico ni culpable” atribuible a la exmandataria, señalando que el fallo “se basa en conjeturas e inferencias” violando múltiples garantías del debido proceso. “Esta no es una condena. Es una venganza del poder”, afirmó, anunciando la activación de recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. En paralelo, la propia Kirchner criticó lo que llamó “el cepo al voto popular” impuesto por “un triunvirato que ejecuta órdenes superiores”.

Detalles revelados por la periodista Sofía Caram en coberturas previas exponen serias objeciones técnicas al proceso. Según su investigación, peritajes clave presentaron “inconsistencias” como confundir “metros cúbicos con metros lineales” al calcular supuestos sobreprecios en obras de Santa Cruz. En audiencias de Casación, los defensores de otros condenados demostraron que los tribunales “improvisaron” pericias sin sustento técnico, transformándose en “autores de la prueba de cargo”. Oscar Vignale, abogado de un exfuncionario, sostuvo que el sobreprecio “no está probado de manera pericial y categórica”, mientras Miguel Ángel Arce Ageo destacó que los fondos manejados eran provinciales, no nacionales, invalidando el tipo penal aplicado.

La resolución del máximo tribunal rechazó específicamente los planteos sobre parcialidad judicial, considerándolos “reedición de argumentos ya descartados”. Sin embargo, el fallo omite abordar las críticas sustantivas a la prueba pericial que fundamentó la condena original. Al ratificar la inhabilitación perpetua, la Corte avala lo que sectores del peronismo denuncian como “proscripción política disfrazada de legalidad”, en palabras del gobernador Ricardo Quintela. La decisión ocurre en un contexto donde movimientos sociales ya habían alertado sobre “maniobras antidemocráticas” para eliminar alternativas políticas, según documentos de la Mesa Cristina 2025 difundidos previamente.

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Diego Luciani, fiscal. Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, los tres jueces.