El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°2 de San Martín inició ayer el juicio a 28 personas acusadas de integrar una organización internacional que operaba bajo la fachada de la congregación religiosa “Templo Filadelfia”.
https://www.diarionorte.com/199194-rescatan-67-victimas-de-trata-en-allanamientos-a-culto-religioso.
Esta agrupación captaba personas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente y sometiéndolas a condiciones de esclavitud. Su sede central estaba en San Justo, con anexos en varias ciudades del país, Paraguay y Brasil, y las actividades ilícitas se registraron desde 1972 hasta diciembre de 2020.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Alberto Gentili, imputa a los acusados por asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trata de personas, afectando a al menos 25 víctimas. Una de las líderes enfrentará también cargos por abuso sexual contra cuatro víctimas, incluidas dos menores.
Durante la audiencia, el tribunal, conformado por Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Claudia Morgese, leyó los requerimientos de juicio de la fiscalía y de las querellas, que continuarán el 1° de noviembre. La investigación, dirigida por Sebastián Basso, incluyó la colaboración de varias agencias dedicadas a la protección de víctimas y la recuperación de activos.
Las víctimas eran captadas mediante “Fiestas del Señor”, donde se les convencía de entregar bienes valiosos, incluyendo hijos. Entre los acusados se destacan Eva Petrona Pereyra, Miguel Evangelista Mora Bogado y otros que participaron desde el inicio de la organización.
El funcionamiento del Templo incluía el adoctrinamiento, donde las víctimas eran sometidas a trabajos forzados en condiciones precarias, entregando sus ingresos a la congregación. La organización implementaba un control estricto sobre las vidas de los afectados, limitando su libertad y acceso a servicios básicos.
La investigación comenzó tras una denuncia en diciembre de 2018, lo que llevó a una serie de allanamientos en mayo de 2019, resultando en 25 detenciones y el secuestro de documentos y bienes relacionados con la organización. En 2020, se ordenó la subasta de vehículos embargados a la secta.