El gobierno de la Provincia de Buenos Aires se ha visto obligado a implementar medidas urgentes ante la inacción del gobierno nacional. A partir del lunes 7 de abril iniciará una campaña de vacunación con refuerzo de vacuna doble viral para niños de 6 meses a 5 años residentes en el AMBA, donde se concentran los casos. Esta estrategia busca contener el brote en una región particularmente vulnerable debido a las bajas tasas de vacunación – la cobertura de la segunda dosis contra el sarampión apenas supera el 50% en algunas zonas.
La crisis actual no es producto del azar sino de decisiones políticas concretas. Desde diciembre de 2023, la administración de Javier Milei ha implementado un sistemático desguace de las áreas sanitarias: 360 trabajadores despedidos del Ministerio de Salud en enero, renuncias masivas de especialistas en enfermedades infecciosas en marzo, y el reciente cierre del Instituto Nacional del Cáncer. Como denunció la médica infectóloga Carolina Selent, “despidieron a los referentes en sarampión justo cuando reaparece la enfermedad”. El resultado es un sistema sanitario desarticulado, sin capacidad de respuesta ante emergencias epidemiológicas.
Frente a este escenario, la provincia de Buenos Aires ha tenido que asumir responsabilidades que corresponden al gobierno nacional. Además de la campaña de vacunación extraordinaria, ha lanzado el programa “Medicamentos Bonaerenses” para garantizar el acceso a 74 fármacos esenciales, ante el desabastecimiento generado por la política de ajuste nacional. Esta medida se suma a la distribución previa de otros 91 medicamentos para tratar patologías crónicas y prevalentes.
Presentamos el programa Medicamentos Bonaerenses con el que la provincia de Buenos Aires se va a hacer cargo de la compra de 74 remedios para enfermedades prevalentes que serán distribuidos en los centros de salud y hospitales de la PBA.
— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 4, 2025
Una respuesta que estamos dando frente a… pic.twitter.com/V4xGDveXWL
Expertos en salud pública alertan sobre las graves consecuencias de esta situación. Ana de Prada, otra profesional que renunció al Ministerio de Salud, advierte que “vamos a perder el certificado de país libre de sarampión” debido a la falta de coordinación nacional. Daniel Gómez, exdirector del Instituto Nacional del Cáncer, calificó las decisiones del gobierno nacional como “caprichos incalificables que ponen en riesgo vidas humanas”.
El resurgimiento del sarampión, enfermedad que había sido erradicada en Argentina, funciona como señal de alarma sobre el estado del sistema de salud. Mientras el gobierno nacional prioriza el ajuste fiscal, recortando programas y personal especializado, las provincias deben hacer malabares para cubrir las necesidades básicas de la población. La vacunación, herramienta fundamental de prevención, se ve particularmente afectada por esta política de desinversión, con consecuencias que podrían extenderse por años.
Esta crisis sanitaria evidencia la importancia de mantener un sistema de salud robusto y adecuadamente financiado. Las vacunas salvan vidas, pero requieren de infraestructura, personal capacitado y políticas públicas consistentes. El desmantelamiento en curso no sólo amenaza con revertir logros sanitarios históricos, sino que coloca a la población en situación de vulnerabilidad frente a enfermedades prevenibles. El costo humano de estas decisiones políticas ya comienza a hacerse visible en los hospitales y centros de salud de todo el país.
