La tradición de defensa de los Derechos Humanos en Argentina tiene un prestigio internacional histórico y enfrenta la peor crisis de las últimas décadas. Bajo la gestión del presidente Javier Milei, el presupuesto para su mantenimiento y actividades cayó un 90% en 2024, y para 2025 no hay fondos previstos. Ahora, el Gobierno anunció una auditoría que congelará por 60 días las transferencias al ente que administra el predio, dejando en riesgo el pago de salarios y la continuidad de las actividades.
El ajuste histórico en derechos humanos
Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto analizados por Chequeado, en 2024 el presupuesto ejecutado para la ESMA se redujo un 88% en términos reales respecto a 2023, mientras que la partida para los espacios de memoria en todo el país cayó un 92%. La situación empeora para este año: el proyecto de presupuesto oficial asigna $0 a ambas partidas.
La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Baños, ya despidió a más de 800 trabajadores en 2024, según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Además, el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el predio de la ex ESMA, permanece cerrado desde enero sin que se haya presentado una nueva programación.
La Justicia interviene, pero el Gobierno avanza
El juez federal Ariel Lijo, candidato del Gobierno para la Corte Suprema, había ordenado en enero a la Secretaría de Derechos Humanos garantizar el funcionamiento del museo, incluyendo tareas de mantenimiento, limpieza y preservación de archivos. Sin embargo, la respuesta oficial fue otra: el Ministerio de Justicia, mediante el subsecretario Juan Cruz Montero, notificó que suspenderá las transferencias al ente tripartito (integrado por Nación, Ciudad y organismos de DD.HH.) bajo el argumento de una auditoría.
La medida, similar a la aplicada en 2023 para frenar las reparaciones a víctimas del terrorismo de Estado, dejaría al espacio sin fondos para salarios y servicios básicos. ATE denunció que las cuentas actuales solo tienen $267.603,15, insuficientes incluso para una semana de operaciones.
La disputa política y simbólica
El recorte presupuestario y las acciones del Gobierno coinciden con una ofensiva contra las políticas de memoria. En marzo, durante el 48° aniversario del golpe, la Casa Rosada difundió un video del polemista Agustín Laje que relativizó los crímenes de la dictadura, mientras el vocero Manuel Adorni anunció una desclasificación de archivos de la ex SIDE, generando temores sobre el futuro del Archivo Nacional de la Memoria.
Además, Baños ordenó retirar una gigantografía de Néstor Kirchner en la ex ESMA —que fue repuesta horas después por H.I.J.O.S.— y suspendió actividades culturales, como un recital de Milo J y la presentación de un libro en el Faro de Mar del Plata, bajo el argumento de que requieren autorización expresa.
¿Hacia el cierre definitivo?
Los trabajadores y organismos temen que la auditoría sea el primer paso para desmantelar el espacio. “Es una estrategia de vaciamiento”, acusó la legisladora Victoria Montenegro, nieta restituida y víctima del terrorismo de Estado.
Con el presupuesto en cero, los despidos masivos y ahora el bloqueo de fondos, la ex ESMA —testigo clave en los juicios por crímenes de lesa humanidad— enfrenta su momento más crítico. ATE convocó a una asamblea para definir medidas de fuerza, mientras la sociedad observa si el Gobierno cumplirá con la orden judicial de preservar el sitio o si profundizará su desmantelamiento. Si no se revierte la decisión, a partir de abril el museo podría cerrar sus puertas por falta de recursos, en un año en que, paradójicamente, se conmemoran 10 años de su creación como sitio de memoria.
