Según el Gobierno, la fusión generaría una concentración excesiva en el sector de telecomunicaciones: Telefónica y Telecom controlarían el 61% del mercado móvil, el 69% de la telefonía fija y hasta el 80% del servicio de internet en algunas zonas. Cifras alarmantes, sin duda, pero que no explican por qué la suspensión se decidió de manera tan apresurada, saltándose los plazos habituales de los procesos regulatorios.
Todo indica que hay algo más en esta movida. La gota que rebalsó el vaso habría sido el comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), donde Clarín tiene un peso clave, que fustigó los ataques de Milei contra la prensa. El texto denunció la “pulsión al agravio” del Presidente y advirtió sobre el peligro de las “milicias digitales” que operan en las redes al amparo del Gobierno. A eso se sumó una columna de Marcelo Bonelli en Clarín, que puso en duda la viabilidad del acuerdo con el FMI. Milei, que no se caracteriza por quedarse callado, decidió responder con un golpe en la mesa: frenó la venta de Telefónica a Telecom.
El problema es que esta decisión no solo enciende la mecha de la pelea entre el Gobierno y Clarín, sino que también deja en evidencia las contradicciones de Milei. El mismo Presidente que durante años defendió a rajatabla la desregulación y el libre mercado ahora interviene en una operación entre privados, generando incertidumbre jurídica y desconfianza en los inversores. ¿Dónde quedó el discurso liberal?
Por otro lado, Clarín tampoco sale bien parado. El grupo mediático, históricamente señalado por beneficiarse de privilegios estatales y por su poder monopólico, queda expuesto como un actor que busca expandir su influencia en un sector clave como las telecomunicaciones. La fusión le daría un control abrumador del mercado, algo que no pasa desapercibido para quienes ven a Clarín como un jugador que mueve fichas en el tablero político.
En definitiva, lo que tenemos aquí es un choque de trenes entre dos pesos pesados: el Gobierno de Milei, que usa herramientas del Estado para responder a las críticas, y el Grupo Clarín, que busca consolidar su poder económico. Mientras tanto, la transparencia, la competencia y los derechos de los ciudadanos parecen quedar en un segundo plano. ¿Quién gana en esta pulseada? Por ahora, solo hay perdedores.
El informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA, que desencadenó la furia del Presidente Javier Milei, destaca varios puntos críticos sobre la relación entre el Gobierno y la prensa. El texto denuncia la “pulsión del Presidente al agravio a periodistas y a voces críticas en general”, subrayando que, si bien los funcionarios tienen derecho a criticar o refutar el trabajo periodístico, no deben incurrir en insultos o imputaciones de delitos sin fundamentos claros. ADEPA advierte que esta práctica no solo pone en riesgo a los periodistas, sino que también puede generar intimidación y autocensura, erosionando la libertad de expresión.
Además, el informe condena la “violencia verbal de las milicias digitales” contra periodistas, que considera una derivación natural del hostigamiento discursivo de funcionarios. Esta violencia, según ADEPA, no solo inhibe el trabajo periodístico, sino que también puede escalar hacia acciones físicas, poniendo en peligro la integridad de los profesionales de la prensa. El texto también critica la falta de conferencias de prensa presidenciales y las restricciones simbólicas, como los cambios en la ubicación de los periodistas en el Congreso o el intento de silenciar micrófonos en la Casa de Gobierno, que condicionan el acceso a la información.
En resumen, ADEPA alerta sobre un clima creciente de hostilidad hacia la prensa, donde los agravios presidenciales y la violencia digital se convierten en herramientas para deslegitimar y amedrentar a quienes ejercen el periodismo crítico. Este informe, que Milei interpretó como un ataque directo, refleja la preocupación de la entidad por el debilitamiento de la democracia y la libertad de expresión en Argentina.
