Jornada de alta tensión adentro y afuera del Congreso

Desde las 9 de la mañana, un amplio perímetro alrededor del Congreso Nacional permanecerá cerrado al tránsito debido a una marcha convocada por jubilados, a la que se sumarán distintas organizaciones sociales y políticas. Para controlar la situación, se desplegará un operativo de seguridad que incluirá a 900 efectivos policiales y 600 agentes de tránsito. El presidente Javier Milei ordenó vallar el Congreso horas antes de la movilización. Además, se han instalado inhibidores de señal en la zona para evitar transmisiones en vivo por parte de medios de comunicación y el uso de drones. Estas medidas, según fuentes oficiales, buscan “garantizar la seguridad y prevenir actos de violencia”. Sin embargo, críticos del gobierno denuncian que se trata de una estrategia para silenciar la cobertura de posibles represiones. El operativo de seguridad desplegado en la marcha del miércoles pasado tuvo un costo superior a los $130.000.000, según fuentes oficiales. Sin embargo, dentro de las filas del oficialismo se estima que el operativo previsto para el 19 de marzo podría triplicar esa cifra. Un gasto millonario inaceptable en un contexto donde el 48% de la población vive en condiciones de pobreza, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la priorización de recursos en medio de la crisis social y económica.

El gobierno ha reforzado su discurso de mano dura, anunciando a través de altoparlantes y carteles en estaciones de tren que “la policía actuará contra cualquier atentado a la República”. Organizaciones de derechos humanos y opositores políticos han calificado estas acciones como autoritarias, argumentando que el gobierno está utilizando las fuerzas de seguridad para reprimir a ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a la protesta.

En este contexto se ha señalado al monotributista Santiago Caputo como el responsable de coordinar el operativo de seguridad alrededor del Congreso. Aunque no ocupa un cargo oficial, se le atribuye influencia sobre organismos como la SIDE, el Ministerio de Justicia y ahora también el de Seguridad.

La movilización de los jubilados tiene como principal reclamo el aumento de sus pensiones, que actualmente no cubren ni la mitad de la canasta básica. Desde el gobierno, sin embargo, se ha estigmatizado a los manifestantes, tildándolos de “terroristas” que buscan desestabilizar el orden público.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional publicó la Resolución 357/2025, que ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quienes proporcionen información sobre los responsables de los disturbios ocurridos el 12 de marzo de 2025 en el Congreso. Según el texto, estos incidentes, atribuidos a grupos organizados y “barras bravas”, incluyeron agresiones a fuerzas de seguridad y daños a bienes públicos, siendo calificados como actos de sedición y atentado contra el orden constitucional. La medida ha sido interpretada como un intento de criminalizar la protesta social y reforzar el control estatal sobre las manifestaciones públicas.

La jornada promete ser de máxima tensión. A las 10 de la mañana, en medio de la tensión y las movilizaciones, el Congreso iniciará una sesión para debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras los legisladores discuten en el hemiciclo, afuera del edificio los jubilados marcharán para exigir mejoras en sus pensiones. Desde la Casa Rosada, el gobierno ha dejado en claro que no enviará un proyecto formal que detalle las condiciones del acuerdo con el FMI, lo que significa que, si la Cámara de Diputados no rechaza el DNU, este seguirá vigente. Esta estrategia ha generado críticas por la falta de transparencia y el uso de decretos para avanzar en políticas de alto impacto económico y social.