El Gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está investigando a segundas y terceras líneas de barras bravas de cinco clubes de fútbol —Nueva Chicago, Rosario Central, Newell’s, Chacarita e Independiente— por su participación en la represión policial durante una marcha de jubilados frente al Congreso. Bullrich anunció que presentará denuncias ante la Justicia Federal, señalando que estas barras estarían financiadas por actores políticos. “Las barrabravas están pagas por lo peor. Ahora tenemos que averiguar quién les pagó”, afirmó.
En el centro de la investigación se encuentra La Cámpora de Avellaneda, vinculada al senador provincial Emmanuel Santalla, un referente camporista de la tercera sección electoral. Santalla, alineado con Cristina Kirchner, mantiene una fuerte disputa interna con el intendente Jorge Ferraresi, quien impulsa la renovación del peronismo junto a Axel Kicillof.
El Gobierno también apunta a los vínculos entre las barras y sectores políticos. En Avellaneda, se sospecha que La Cámpora tiene nexos con las barras bravas, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, el foco está en el club Nueva Chicago, cuyo vicepresidente, Pablo Olmos, es hermano de Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN). Además, uno de los detenidos por la represión policial es Daniel “Tano” Catalano, de ATE Capital, cercano a Cristina Kirchner.
La marcha, que inicialmente convocaba a jubilados, derivó en una represión policial con 124 detenidos y más de 40 heridos. El Gobierno desplegó un operativo de mil efectivos frente al Congreso, similar al de un superclásico de fútbol, y anunció medidas para restringir el acceso a estadios a los barras detenidos, muchos de los cuales tienen antecedentes penales. Sin embargo, en la madrugada, 114 detenidos fueron liberados por orden de la jueza Karina Andrade, quien argumentó que las detenciones afectaban “derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó la decisión judicial, afirmando que “es muy difícil combatir la violencia organizada de sectores extremos si la Justicia los libera rápidamente”. Además, acusó al kirchnerismo y a La Cámpora de estar detrás de los incidentes: “Sin duda que detrás de esto están el kirchnerismo, La Cámpora, los movimientos políticos que gobernaron el país en las últimas décadas”.
Mientras tanto, el Gobierno prepara una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de CABA contra la jueza Andrade y continúa identificando a los responsables de la represión policial a través de filmaciones. El costo de los daños en la Plaza de los dos Congresos y alrededores supera los 400 millones de pesos, y un fotógrafo se encuentra grave tras ser impactado por una cápsula de gas lacrimógeno.
La trama política y los vínculos entre barras bravas y sectores del peronismo, especialmente en Avellaneda, siguen siendo el eje de la investigación, mientras el Gobierno busca responsabilizar a los actores detrás de la violencia.
