La falta de inversión en infraestructura, el desfinanciamiento de organismos clave y los despidos masivos de personal técnico y especializado han dejado a la ciudad y a otras regiones del país en una situación de vulnerabilidad extrema frente a las catástrofes naturales.
Vialidad Nacional paralizada: sin obras ni personal para la reconstrucción
Uno de los sectores más afectados por las políticas de ajuste es Vialidad Nacional. Según denunció la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), el gobierno ha ordenado la paralización total de las obras públicas viales y la finalización de los contratos de mantenimiento y provisión de insumos esenciales. Esta medida, plasmada en una nota interna (NO-2025-23517811-APN-DNV#MEC), no solo afecta a las rutas nacionales, sino también a las provinciales y urbanas, dejando a millones de argentinos expuestos a condiciones de tránsito cada vez más peligrosas.
Fabián Catanzaro, secretario general de FEPEVINA, alertó que el vaciamiento de Vialidad Nacional complicará gravemente las tareas de reconstrucción en Bahía Blanca. “El año pasado echaron a mecánicos, maquinistas, topógrafos y laboratoristas, personal clave que hoy sería indispensable para atender la emergencia”, explicó. Además, señaló que la falta de presupuesto ha dejado a la institución sin materiales ni repuestos para los equipos necesarios. “Hoy nos encontramos con los depósitos vacíos”, afirmó.
Desfinanciamiento y despidos: un Estado ausente
La situación de Vialidad Nacional es solo un ejemplo del desmantelamiento sistemático de las instituciones públicas. Según el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina (STVyARA), el organismo sufrió una retención del 42% de su presupuesto para 2024, lo que paralizó obras esenciales y puso en riesgo el mantenimiento de la red vial del país. “Esto evidencia un grave desfinanciamiento que afecta directamente al funcionamiento y desarrollo de la institución”, sostuvo el gremio.
Pero el problema no se limita a Vialidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), responsable de emitir alertas tempranas ante fenómenos climáticos extremos, también ha sido víctima de los recortes. En 2024, el gobierno despidió a más de 100 trabajadores, casi un 15% de su plantel, lo que ha impactado en la capacidad del organismo para monitorear y predecir eventos como el temporal que afectó a Bahía Blanca. “Las alertas llegaron tarde, y muchos ni se enteraron”, señalaron vecinos de la ciudad.
Además, la Dirección Nacional de Emergencias, encargada de coordinar la respuesta frente a catástrofes, fue completamente desmantelada. Todos sus empleados fueron despedidos el año pasado, dejando al país sin una estructura capaz de gestionar crisis como la que hoy atraviesa Bahía Blanca.
Un país huérfano de políticas públicas
Las inundaciones en Bahía Blanca, Salta, Tucumán y San Luis no son solo el resultado de un fenómeno climático extremo, sino también de la falta de políticas públicas preventivas y de la desinversión en infraestructura crítica. El gobierno de Milei ha priorizado el ajuste fiscal y la reducción del Estado, argumentando la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Sin embargo, el costo de estas medidas lo están pagando los ciudadanos, que hoy se encuentran desprotegidos frente a las emergencias.
“Estamos frente a un nuevo intento de implosionar el Estado desde adentro”, denunció FEPEVINA en un comunicado. “El objetivo es claro: debilitar las instituciones públicas hasta su colapso para justificar su entrega al sector privado”.
Mientras tanto, en Bahía Blanca, las familias evacuadas, el hospital colapsado y los barrios anegados son el rostro más crudo de un país que ha quedado huérfano de políticas públicas esenciales. La falta de alertas tempranas, la incapacidad para reconstruir rutas y la ausencia de un plan de emergencia coordinado son el resultado de un Estado vaciado, que ha dejado a su población a merced de las catástrofes.
En un contexto donde el cambio climático intensifica los fenómenos extremos, el desmantelamiento del Estado no solo es una irresponsabilidad, sino una condena para millones de argentinos.
