La provincia de Buenos Aires enfrenta una creciente crisis en su fuerza policial, marcada por reclamos salariales, denuncias de hostigamiento y tensiones políticas entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. El detonante fue la decisión de Kicillof de despedir y denunciar penalmente a 18 policías por sedición e incumplimiento de funciones, tras su participación en una protesta que exigía un aumento del 100% en los salarios. Los agentes, que cumplían tareas en Ituzaingó y Tres de Febrero, utilizaron patrulleros y uniformes oficiales durante la movilización, violando la normativa que prohíbe a las fuerzas de seguridad realizar reclamos sindicales.
El conflicto se agudizó cuando el gobierno provincial anunció un aumento del 9% para los estatales, incluyendo a la Policía, que se aplicará en dos tramos (7% en febrero y 2% en marzo). Sin embargo, los efectivos consideraron insuficiente esta mejora en un contexto de alta inflación y creciente inseguridad. Durante una protesta en Puente 12, La Matanza, policías y familiares presentaron un petitorio con exigencias concretas: un sueldo inicial de $1.600.000 para agentes recién egresados, mejoras en las horas extras, retiro con el 100% del salario tras 25 años de servicio, provisión de uniformes y acceso a planes de vivienda. Además, denunciaron actos de hostigamiento, como ráfagas de viento provocadas por un helicóptero policial durante la manifestación, y advirtieron con un posible acuartelamiento si no se atendían sus demandas.
Este no es el primer episodio de tensión. En 2020, durante la pandemia, alrededor de 1.200 efectivos se movilizaron hasta la residencia de Kicillof y la Quinta de Olivos, lo que llevó al gobierno nacional a crear un fondo de fortalecimiento fiscal para mejorar los salarios. Ahora, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió que cualquier intento de sublevación será sancionado con despidos y denuncias penales, tal como ocurrió con los 18 agentes desvinculados.
El conflicto se enmarca en un escenario de disputa política entre Kicillof y Milei. El presidente acusó al gobernador de no garantizar la seguridad en la provincia, calificándola como un “baño de sangre”, mientras que Kicillof responsabilizó a Milei de haber “robado” $700 mil millones destinados a seguridad, lo que, según él, impidió la compra de 10 mil patrulleros. Mientras tanto, el gobierno nacional, a través de la ministra Patricia Bullrich, otorgó un aumento del 5% a las fuerzas federales, equiparando los salarios del Servicio Penitenciario Federal con el resto de las fuerzas de seguridad.
La crisis refleja las tensiones salariales y políticas en un contexto donde la seguridad pública es un tema crítico. Con reclamos insatisfechos, denuncias de hostigamiento y la amenaza de un acuartelamiento, el gobierno provincial enfrenta un desafío complejo que requiere respuestas inmediatas para evitar un desenlace de mayor envergadura.
