KIP Protocol desmiente el comunicado del Gobierno

En un comunicado contundente, KIP Protocol, la empresa señalada como protagonista del escándalo del Criptogate, desmintió varias afirmaciones realizadas por la Oficina de la Presidencia de Argentina. La compañía, especializada en soluciones de inteligencia artificial, rechazó cualquier participación en el lanzamiento del token $LIBRA y aclaró que no tuvo injerencia en el proyecto “Viva la Libertad”, contradiciendo así la versión oficial del Gobierno de Javier Milei. Este desacuerdo público no solo agrava la crisis política, sino que también abre un flanco legal delicado para la administración de Javier Milei, especialista en crecimiento económico con y sin dinero.

Qué dice KIP Protocol

En su declaración, KIP Protocol corrigió tres puntos clave del comunicado oficial del Gobierno. En primer lugar, negó que su CEO, Julian Peh, haya discutido con el presidente Milei el proyecto “Viva la Libertad” durante su encuentro en el Tech Forum de octubre de 2024. Según la empresa, la reunión se limitó a una conversación general sobre inteligencia artificial, tecnología y oportunidades de inversión en Argentina, sin mencionar criptomonedas o tokens.

En segundo lugar, KIP Protocol desvinculó a Hayden Mark Davis, figura central en el lanzamiento de $LIBRA, de su organización. La empresa aseguró que no tuvo conocimiento ni participación en la reunión del 30 de enero de 2025 entre Davis y Milei, y que nunca lo presentó como un socio o representante suyo.

Finalmente, KIP Protocol negó que el proyecto $LIBRA fuera iniciativa suya. Aseguró que fue informada sobre el lanzamiento del token por Mauricio Novelli, organizador del Tech Forum, y que su rol se limitaría a actuar bajo instrucciones de Kelsier Ventures, la empresa detrás de la emisión del token. KIP Protocol enfatizó que no recibió tokens, no gestionó el lanzamiento y no obtuvo ganancias del proyecto.

¿Qué puede pasar?

La respuesta de KIP Protocol tiene serias implicaciones para el Gobierno de Milei. En el ámbito legal, las contradicciones entre la versión oficial y la de la empresa podrían alimentar investigaciones judiciales. Si se demuestra que el Gobierno mintió o tergiversó los hechos, se abriría la puerta a denuncias por obstrucción a la justicia o encubrimiento. Además, la posible participación de funcionarios en facilitar el acceso de empresarios como Novelli y Davis a la Casa Rosada podría derivar en cargos de tráfico de influencias o corrupción.

En el plano político, el desmentido de KIP Protocol profundiza la crisis de credibilidad del Gobierno. Milei, quien llegó al poder prometiendo transparencia y lucha contra la corrupción, ahora enfrenta acusaciones de haber permitido que su círculo íntimo, incluida su hermana Karina Milei y el vocero Manuel Adorni, facilitaran el acceso de actores cuestionables al poder. Esto no solo daña la imagen del presidente, sino que también debilita su coalición libertaria, ya bajo presión por los escándalos recientes.

El Criptogate ha expuesto las grietas en la administración de Milei, tanto en términos de gobernanza como de ética pública. La respuesta de KIP Protocol no solo desmiente la narrativa oficial, sino que también plantea preguntas incómodas sobre el manejo de la crisis por parte del Gobierno. Con investigaciones judiciales en ciernes y una opinión pública cada vez más escéptica, el escándalo podría marcar un punto de inflexión en la presidencia de Milei, obligándolo a tomar medidas drásticas para recuperar la confianza perdida. Mientras tanto, el caso sigue siendo un recordatorio de los riesgos que conlleva mezclar política, tecnología y finanzas en un contexto de poca regulación y alta opacidad.

Resulta llamativo que el presidente Milei, quien rara vez fija tuits en su cuenta personal, haya decidido destacar la publicación sobre la memecoin $LIBRA, un gesto que ahora se ve envuelto en sospechas. El estado de cosas es tan delicado que incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, suspendió su conferencia de prensa matutina, un espacio que no había faltado desde el inicio de la administración. Este hecho, sumado a las contradicciones expuestas por KIP Protocol, refleja la gravedad de la crisis y la presión creciente sobre un Gobierno que prometió transparencia y ahora lucha por mantener su credibilidad.