El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, oficializó un incremento salarial del 5% para las fuerzas de seguridad federales, incluyendo a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La medida, que entrará en vigor en marzo, busca mejorar las condiciones laborales de los efectivos y equiparar las remuneraciones entre las distintas fuerzas, especialmente en el caso del Servicio Penitenciario, que históricamente ha registrado diferencias salariales.
El aumento, formalizado mediante la Resolución 176/2025, también incluye ajustes en conceptos como el recargo de servicio, las funciones de prevención barrial y otros suplementos específicos. Según el Ministerio, esta decisión responde a la necesidad de reconocer el esfuerzo de los agentes en un contexto de creciente violencia en el conurbano bonaerense, donde se han reforzado los patrullajes y la rotación de efectivos.
Sin embargo, el anuncio no ha logrado calmar el descontento entre los gendarmes, quienes consideran insuficiente el incremento del 5%. A través de grupos de WhatsApp y redes sociales, los efectivos y sus familias han expresado su indignación, calificando la medida como “una burla” y “una falta de respeto”. Muchos destacan que los salarios actuales, que en algunos casos no superan los $600.000, son insuficientes para cubrir gastos básicos como alquileres y transporte.
“Es una vergüenza, no alcanza ni para cargar la SUBE”, fue uno de los comentarios más recurrentes. Además, algunos gendarmes han vinculado el aumento con su rol en tareas de seguridad controvertidas, como la represión de protestas de jubilados, lo que ha generado un sentimiento de descontento adicional. “Nos mandan a reprimir abuelos y después nos dan migajas”, expresó un efectivo anónimo.
La ministra Patricia Bullrich intentó contener la situación con este anuncio, que supera los incrementos otorgados a otros empleados estatales (1,5% en enero y 1,2% en febrero). Sin embargo, la medida no ha logrado frenar las convocatorias a protestas, que ya están programadas en ciudades como Rosario y Mercedes, donde familiares de gendarmes planean manifestarse para evitar represalias contra los uniformados.
El clima de tensión se agrava por el aumento de pedidos de baja entre los gendarmes, quienes alegan que los salarios no compensan los riesgos y exigencias de su labor. Aunque el Gobierno insiste en que esta suba es un paso hacia la profesionalización de las fuerzas, muchos efectivos consideran que el gesto llega tarde y no resuelve los problemas de fondo.
En un contexto donde la seguridad pública sigue siendo un tema prioritario, el descontento dentro de las fuerzas podría complicar aún más el panorama para el Gobierno, que busca mantener la estabilidad mientras enfrenta críticas por su manejo de las políticas salariales y sociales.
