Gendarmería convoca a una protesta salarial

La situación salarial de los efectivos de la Gendarmería Nacional ha alcanzado un punto crítico, lo que ha llevado a la organización de protestas en varias ciudades del país. Estas movilizaciones, programadas para el lunes 10 de febrero, son una respuesta directa a los bajos salarios que perciben los gendarmes, quienes afirman que sus ingresos no cubren las necesidades básicas, especialmente en ciudades con altos costos de vida como Buenos Aires y Rosario.

Contexto del conflicto

El informe de la Sala de Situación de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal destaca que el malestar entre las fuerzas de seguridad federales, en particular la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se debe principalmente a la insuficiencia de sus salarios. Según testimonios recogidos, gendarmes con 15 años de servicio perciben alrededor de $800.000 mensuales, una cifra que resulta insuficiente para cubrir gastos básicos como el alquiler, que en ciudades como Buenos Aires o Rosario puede oscilar entre $250.000 y $500.000. Esta situación ha generado un clima de descontento que se ha extendido entre los efectivos y sus familias.

Reclamos adicionales

Además del reclamo salarial, los gendarmes también expresan su descontento por la falta de planificación en las movilizaciones de efectivos. Denuncian que son trasladados de un lugar a otro sin previo aviso y sin considerar sus situaciones personales, como la presencia de familiares a cargo o las dificultades logísticas que implica mudarse de una ciudad a otra. Este enfoque poco flexible ha exacerbado la frustración entre los trabajadores, quienes sienten que sus necesidades no son tenidas en cuenta por las autoridades.

Organización de las protestas

Las concentraciones están planeadas en puntos estratégicos de varias ciudades:
– Buenos Aires: Edificio Centinela, en el Puerto de Buenos Aires.
– Rosario: Monumento a la Bandera.
– Córdoba: Plaza San Martín de Jesús María.
– Jujuy: Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy.
– Salta: Plaza San Martín de Tartagal.

Las protestas están programadas para comenzar a las 9:00 horas del lunes 10 de febrero. Los organizadores han hecho un llamado a los familiares de los gendarmes para que los acompañen en estas movilizaciones, con el objetivo de visibilizar el impacto que la situación salarial tiene no solo en los efectivos, sino también en sus hogares.

Reacción del gobierno y medios

El informe ha sido dirigido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alertándole sobre el creciente malestar en las fuerzas de seguridad. Aunque algunos sectores han señalado que los gendarmes mantienen cierta sintonía con el gobierno, el foco principal de su reclamo es la imposibilidad de llegar a fin de mes con los salarios actuales. Esta situación ha sido ampliamente cubierta por medios como C5N y Página 12, donde periodistas como Antonio Fernández Llorente y Tuny Kollmann han detallado los testimonios de los efectivos y el contexto en el que se desarrollan las protestas.

Implicaciones y perspectivas

La movilización de los gendarmes refleja un problema más amplio en el sector de seguridad federal, donde los salarios no han seguido el ritmo del aumento del costo de vida. Si no se toman medidas concretas para abordar estas demandas, es probable que el malestar se extienda a otras fuerzas de seguridad, lo que podría generar un escenario de mayor inestabilidad. La respuesta del gobierno ante estas protestas será crucial para determinar si se logra una solución negociada o si, por el contrario, el conflicto se intensifica.

Antecedentes

La situación actual de los gendarmes no es un caso aislado en el contexto de las fuerzas de seguridad argentinas. En los últimos años, han surgido múltiples conflictos salariales y laborales en diversas instituciones, como la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Un antecedente relevante se remonta a 2017, cuando efectivos de la Gendarmería y otras fuerzas realizaron protestas masivas en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. En aquel entonces, los gendarmes denunciaron que sus salarios no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas, especialmente en un contexto de inflación creciente y devaluación monetaria. Estas movilizaciones lograron ciertas concesiones por parte del gobierno, pero las mejoras resultaron insuficientes a largo plazo, ya que no se implementaron ajustes periódicos que acompañaran el aumento del costo de vida.

Otro caso destacado ocurrió en 2021, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó a cabo una serie de paros y protestas en los principales aeropuertos del país. Los efectivos reclamaban no solo aumentos salariales, sino también mejoras en las condiciones de trabajo, como la falta de equipamiento adecuado y la excesiva carga horaria. Estas protestas paralizaron parcialmente las operaciones aéreas y generaron un fuerte impacto en la opinión pública, lo que obligó al gobierno a entablar negociaciones urgentes. Sin embargo, como en el caso de los gendarmes, las soluciones implementadas fueron temporales y no abordaron de manera estructural los problemas de fondo. Estos antecedentes muestran un patrón recurrente en el que las fuerzas de seguridad federales se ven obligadas a recurrir a medidas de fuerza para visibilizar sus demandas, lo que refleja una falta de políticas sostenibles para garantizar su bienestar económico y laboral.